La Administración tiene como objeto la satisfacción de los intereses generales. Para ello, goza de una serie de potestades y actúa de una forma eficaz y dentro de la legalidad, de acuerdo a unos principios que garantizan los derechos de todos los ciudadanos. Estos son, el principio de Legalidad, el principio de eficacia y eficiencia, los principios de descentralización y desconcentración, el principio de objetividad, el principio de coordinación, el principio de colaboración y cooperación, el principio de jerarquía y el principio de buena fe y confianza legítima.
La potestad de la que goza la Administración le otorga la habilidad de imponernos determinadas conductas de una manera reglada o discrecional. Además, tutela por si misma sus propios intereses de forma declarativa y ejecutiva.
La potestad de la que goza la Administración le otorga la habilidad de imponernos determinadas conductas de una manera reglada o discrecional. Además, tutela por si misma sus propios intereses de forma declarativa y ejecutiva.